En el marco de la ordenanza nro. 2882/2014, que impulsa la creación del Consejo Local de Mujeres e invoca al compromiso constante de la Municipalidad para prevenir y erradicar las situaciones de violencia de género tanto en el ámbito público como en el privado y la necesidad establecer Políticas Públicas con perspectivas de género, se realizó la quinta sesión en la localidad.
Desde el Consejo de Mujeres informaron que están impulsando políticas públicas que permitan crear condiciones materiales para que las personas y grupos más afectados por las violencias de género puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo, como el acceso a la vivienda, a la formación laboral y al empleo.
Una de las temáticas abordadas, fue la dificultad de acceso a un hábitat digno, lo cual afecta gravemente a vastos sectores de la población, en especial a los de medios y bajos ingresos, y tienen además impactos diferenciales en mujeres, niños, niñas y personas con discapacidad. El hábitat digno implica el acceso universal a la tierra, la vivienda y a las infraestructuras básicas y los equipamientos sociales, los servicios y los espacios de trabajo y producción en un marco de respeto de los rasgos culturales y simbólicos de la comunidad y de la preservación del ambiente, según las particularidades del medio urbano y del rural.
“Se ha evidenciado un incremento de las denuncias por violencia de género y familiar durante la pandemia, complejizándose las mismas con las situaciones habitacionales, pedidos de desalojo, exclusiones de hogar, etc”, expresaron desde el Consejo de Mujeres.
En este quinto encuentro, se definieron propuestas específicas con perspectiva de género desde una mirada integral:
- Se considera fundamental avanzar en el diseño e implementación de políticas territoriales integrales, que contemplen el acceso a una vivienda digna para toda la comunidad. Es necesario que los mecanismos de asignación de familias priorizadas incluyan criterios sociales claros y definidos técnicamente en base a la vulnerabilidad social.
- Regulación del mercado de alquileres: Se visualiza un marcado engrosamiento de los casos de hacinamiento o convivencia familiar y, por el otro, el crecimiento de los hogares de las franjas de menores ingresos, para los que solo resultan accesibles distintas formas de tenencia informal. Es necesario ejecutar una política de locación social y aprobar un nuevo marco normativo orientado a ampliar las opciones de acceso a una vivienda digna. El alquiler social debe ser parte articulada de las políticas habitacionales y urbanas. Podría incluir, entre otros mecanismos, medidas de facilitación de acceso a garantías y un sistema de subsidio social destinado a los hogares no propietarios de escasos recursos que presenten un alto nivel de vulnerabilidad.
Sugerimos mayor control de lo que sucede en la actualidad respecto a la informalidad de los alquileres.
- Asignación de terrenos públicos para proyectos socio-productivos locales que faciliten acciones para prevenir, erradicar y reparar las violencias por motivos de género y asistir integralmente a las personas en situación de violencias en todos los ámbitos. Este punto es central en el marco de la generación de autonomía económica para la comunidad en general, y para mujeres y población LGBTI+ de modo priorizado.
Cabe destacar que las propuestas mencionadas son fruto de la articulación entre distintos organismos e instituciones del Estado en un proceso de co-construcción con organizaciones de la sociedad civil y que de este modo se busca fortalecer una forma de concebir, planificar y ejecutar políticas públicas.
